El grupo jurídico liderado por la abogada Odila Castillo Bonilla publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han circulado últimamente en diferentes plataformas de comunicación en Panamá.
La defensa describió estas publicaciones como agresiones malintencionadas, impulsadas por intereses económicos específicos y elaboradas con el propósito de menoscabar la dignidad profesional y la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que carece de base y que se están vulnerando derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, afirmó que las acusaciones no tienen sustento y tienen como objetivo entorpecer la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estos ataques subyacen intereses económicos encubiertos que intentan aprovecharse del desprestigio de Castillo.
La defensa enfatizó que este no es el primer asalto mediático que sufre la abogada. Recordaron un episodio similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta detención de Castillo, la cual fue desmentida posteriormente.
Datos incompletos y quebranto de la confidencialidad
Según el grupo jurídico, tanto las alegaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «verdades a medias», alteradas con el fin de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Asimismo, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, puesto que parte de la investigación proviene de un procedimiento familiar ya cerrado.
Asimismo, se revelaron datos delicados como los movimientos migratorios y las declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Monitoreo ilegal y procesos legales en marcha
La defensa dio a conocer que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente infracción a su privacidad y una forma de monitoreo ilegal. Carrillo aseguró que se han menoscabado los derechos fundamentales de su representada, los cuales están protegidos por la Constitución y las leyes de Panamá.
Anunció que se tomarán todas las medidas legales pertinentes para esclarecer la responsabilidad por los daños ocasionados y los que se busquen causar. El equipo jurídico se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la ley a quienes están detrás de esta campaña de desprestigio.
