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EE.UU. refuerza la frontera con México pintando el muro de negro: estrategia de disuasión y controversia

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El gobierno de Estados Unidos ha iniciado la pintura de color negro en tramos del muro fronterizo que separa al país del territorio mexicano, con el objetivo de aumentar su temperatura y dificultar su escalada, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La medida responde a un mandato directo del presidente, quien considera que esta acción contribuirá a la seguridad fronteriza al disuadir intentos de cruce irregular.

Noem señaló que el uso del color negro se debe a la habilidad del material para absorber el calor, lo que provoca que la pared se sienta desagradable al tocarla durante las elevadas temperaturas del desierto. De acuerdo con la representante, esta cualidad, junto con la altura y la delgadez de la construcción, transforma el muro en una barrera más eficiente para aquellos que intentan pasar de manera no permitida. Asimismo, la pintura ayudará a evitar la corrosión del metal, extendiendo la durabilidad de la estructura.

Extensión del proyecto y financiamiento

El proyecto es una sección de un plan más extenso aprobado por el Congreso a inicios del verano del hemisferio norte, el cual asignó US$46.000 millones para la ampliación y finalización de la barrera a lo largo de los cerca de 3.218 kilómetros de frontera. En este momento, se están edificando aproximadamente 0,8 kilómetros de barrera diariamente. La administración define esta construcción como un «baluarte y emblema» del compromiso del gobierno con la protección nacional y el manejo migratorio.

Noem ha destacado que el proyecto no se limita a la pintura negra, sino que contempla también la instalación de infraestructura adicional en zonas acuáticas del Río Grande, que incluyen boyas fortificadas y vallas vigiladas por fuerzas estatales y federales. Esta combinación busca reducir los cruces irregulares en puntos estratégicos de la frontera.

Gastos y opiniones

La decisión de pintar la pared de color negro ha suscitado críticas debido al elevado costo calculado. Durante el primer mandato de Trump, se estimó que pintar la pared podría tener un costo mínimo de US$500 millones, dependiendo de los materiales y el número de capas utilizadas. Especialistas en construcción han indicado que el metal ya absorbe una cantidad significativa del calor del desierto, y que la pintura podría deteriorarse con el tiempo, disminuyendo su eficiencia.

Agrupaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, tales como el American Immigration Council y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han criticado que se prioricen fondos públicos para la infraestructura de fronteras en vez de servicios esenciales, sosteniendo que las políticas de expulsiones masivas y el gasto en seguridad pueden ocasionar efectos sociales y económicos perjudiciales.

Impacto en la migración y la estrategia del gobierno

De acuerdo con cifras oficiales, los cruces no autorizados han bajado considerablemente en los meses recientes, registrando niveles más bajos de aproximadamente 4.600 en julio y 6.000 en junio. El gobierno asocia esta disminución con una mezcla de arrestos extensivos, expulsiones y la percepción de un riesgo incrementado al intentar cruzar la frontera.

Noem también declaró que en los primeros 200 días de la administración actual, un total de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados dejaron EE.UU., aunque no se detalló cuántos fueron oficialmente deportados y cuántos decidieron irse por su cuenta. La Casa Blanca afirma que su política da prioridad a personas con historial criminal, aunque activistas de los derechos de los migrantes han indicado que personas con pequeñas infracciones también han sido impactadas por las operaciones.

Seguridad y control fronterizo: un enfoque controvertido

El proyecto de aplicar pintura negra y la ampliación del muro en la frontera representan una táctica para reforzar la seguridad en dicha área, que incluye infraestructuras físicas, estrategias de disuasión y operativos migratorios. No obstante, la propuesta ha desatado un debate en torno a los elevados costos, la eficacia de la medida y las repercusiones en los derechos humanos, destacándose como uno de los temas clave en la agenda política y social de Estados Unidos.

Por Alexander J. Mendoza

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